Ha sido acusada de terrorista, de pertenecer al MIR y participar en un asalto. Sin defensa ante la opinión pública, ha sido vinculada también a un asesinato. La documentalista detenida mientras grababa su película “Newen Mapuche” alega su inocencia.

La documentalista Elena Varela fue detenida el pasado 7 de mayo mientras realizaba su película “Newen Mapuche”. Se le acusa de ser la autora intelectual de un asalto supuestamente perpetrado por ex miristas en la VI Región. Desde su detención, la documentalista no ha tenido la oportunidad de comunicar su versión de los hechos, ni menos aún ha podido denunciar las torturas que dice haber sufrido. Sólo la ha visitado su madre, sus hermanos, su padre, que además es diácono, y su hija de 16 años, que está destrozada por el encierro de Elena. Su abogado presentó un recurso de amparo que fue rechazado por la Corte de Rancagua. El pasado viernes acompañamos a Patricio Quevedo, de Amnistía Internacional Chile, y Paulina Acevedo, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, hasta la cárcel de Rancagua y así logramos entrevistar a Elena Varela. Esto es lo que nos dijo.
Tu abogado asegura que has sido víctima de torturas. ¿Puedes explicar tu versión de los hechos?
A mí me detienen en el sur, entran a mi casa más de 20 policías armados y sólo uno llevaba placa de Investigaciones. Los demás estaban todos vestidos de civil. Me subieron a un auto de vidrios polarizados y me llevaron encañonada todo el rato. No me dejaron hablar con un abogado en 24 horas, no me dijeron de qué se me acusaba. Me detuvieron a las nueve de la mañana del día 7 de mayo y me tuvieron sin comer ni tomar agua durante todo el día. Además, me obligaron a estar de pie toda la tarde, como seis horas, mirando contra la pared. Después de todo eso, me interrogaron. A las dos de la mañana un oficial golpeaba la mesa tratando de obligarme a decir lo que él quería escuchar.
¿Eso fue lo peor?
No, lo peor fue que los policías me hacían pensar que a mi hija podía pasarle algo malo si su madre no estaba con ella. Eso me afectó mucho. Yo trato de seguir optimista, no puedo imaginar que todo pueda ser tan malo, que esta sociedad pueda ser tan perversa. Pero lo que más me afecta es mi hija que viene todos los domingos. La América sólo tiene 16 años y está muy dañada. Ella es la que más me preocupa. Tiene miedo de estar en la casa, miedo de salir a la calle, miedo de que me pase algo a mí. Está aterrorizada, se está enfermando, la veo muy mal.
¿Alguien más te apoya, te visita?
Yo sé que afuera hay mucha gente que me está apoyando, gente que está pidiendo mi libertad. Aquí he tenido el apoyo de toda mi familia. Me visitan mis padres y mis hermanos, vienen todas las semanas. Eso ayuda mucho. Mi familia es muy cristiana, muy unida y mi padre es diácono. Nos apoyamos los unos en los otros y confiamos en Dios y en que todo tiene que tener algún sentido.
“SOY UNA PRESA POLÍTICA”
¿En qué circunstancias te detuvieron?
Me detuvieron cuando estaba grabando mi película “Newen Mapuche”, sobre el conflicto entre los mapuches y las forestales. Pero no supe hasta que llegué a Rancagua que me estaban acusando de un asalto.
¿Y tú aseguras que eres inocente?
Sí, soy inocente.
¿Por qué estás presa, entonces?
Por realizar “Newen Mapuche”, una película que tiene financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual, pero que es bastante conflictiva para el Estado, para el sistema. Yo creo que estoy en la cárcel por hacer mi película.
¿Se trata de un montaje?
Sí, las policías, los sistemas de inteligencia, tienen la visión de que el pueblo mapuche es revolucionario, es terrorista y que está vinculado a grupos de izquierda subversivos, y basta que uno entreviste a algún activista prófugo de la Ley Antiterrorista para que altiro te acusen de lo mismo, de ser terrorista.
¿Confirmas que la principal motivación de tu procesamiento sería incautar tu documental con fines de inteligencia?
Sí, estoy presa por mi trabajo profesional como cineasta, por la información que manejo, por interactuar con activistas mapuches que luchan por lo que creen, por entrevistar a personas de comunidades mapuches que han sido muy reprimidas y que no se atreven a decir nada, porque sé muchas cosas tan crueles que me llegan a enfermar. El pueblo mapuche ha sido humillado, ha sido perseguido. ¡He visto tanta gente aplastada emocionalmente, siquiátricamente, tanta gente que no se atreve a hablar! Por eso estoy presa.
¿Qué es lo que más te duele?
¡Los niños, los niños enfermos de Temucuicui! Se ve en sus dibujos. En sus dibujos ellos pintan militares dentro de sus casas, explosiones de bombas lacrimógenas. ¡Eso es lo que no quieren que se sepa! Y quieren saber, además, dónde están los mapuches que están luchando, para exterminarlos, como quieren hacer conmigo. Yo quise hacer una película y me encarcelaron. Esta es una manera de exterminarme, de silenciarme.
¿Te sientes una presa política?
Sí, me siento presa política. Pero no porque tenga militancia política. Yo me considero militante de la vida, de la humanidad, del planeta. No soy de ningún partido. Soy sensible a los problemas sociales. Soy sensible cuando a alguien lo persiguen, soy cristiana también. Entonces no puedo ocultar lo que está sucediendo, el dolor de la gente mapuche.
“LO QUE YO QUERÍA CONTAR”
¿Cómo nace tu preocupación por el pueblo mapuche?
Sinceramente, cuando yo me fui a investigar, a grabar a la IX Región, tenía una visión academicista de los mapuches. Lo que yo quería era investigar la música mapuche, saber cómo construían sus instrumentos, porque yo además de cineasta soy profesora de música. Pero el primer día que entré a una comunidad empecé a darme cuenta de la represión que sufren, y pensé: “¡No saco nada con estudiar la música mapuche, si ellos no pueden vivir!”.
¿Qué viste que te cambió tanto?
Vi que están empobrecidos, que sus tierras están secas, que detrás de las forestales hay todo un aparataje político, político-militar, y vi que la industria forestal se gasta toda la plata que sea necesaria para acallar a cualquier persona que se rebele contra el sistema. Los allanamientos a las comunidades mapuches son constantes y terribles. Yo creo que algunos todavía buscan entre los mapuches a ese terrorista que imaginó Pinochet, un terrorista que nunca van a encontrar en la zona mapuche, porque no existe.
¿Hubo algún momento clave en el proceso de acercamiento al mundo mapuche?
Un día en que allanaron estuve detenida con los mapuches, sólo unas horas. Y de repente dicen: “¡Ya, usted no es mapuche, entonces puede irse!”. En ese momento yo vi discriminación y racismo. Después vi el sufrimiento de los niños, conocí a los presos políticos mapuches, en fin. Uno no puede quedarse inmóvil cuando ve tanto dolor.
¿Eso querías contar en tu película?
Quería dejar impregnada esa realidad, la que vive el pueblo mapuche. Yo no pensé en retratar a un Estado o Gobierno. Yo quería mostrar un mundo cruel, ¿me entiendes? Un mundo que nosotros mismos estamos fomentando, que estamos amparando como sociedad, gracias a que existen leyes hechas para reprimir, para encarcelar.
¿De dónde viene la represión?
De este mundo cruel, de este sistema injusto que busca proteger sus intereses políticos y económicos, de este sistema maquillado que por un lado habla de justicia y por el otro nos trata con injusticia.
Tú le pediste a la ministra de Cultura que viniera a visitarte. ¿Por qué?
Le pedí que viniera para contarle bien lo que había pasado, porque aquí también hay un problema que afecta al arte, a mi película, a mi libertad para expresarme.
¿Y sabes si piensa venir?
No, no me ha dicho nada, sólo me escribió una carta donde me decía que iban a hacer una copia de mi documental, para que no se perdiera. No puedo decirte más porque casi no sé nada de lo que pasa afuera.
¿Te arrepientes de lo que hiciste o te lo cuestionas?
No, al contrario. Tengo un dolor muy grande por no poder mostrar lo que tenía para mostrar. Pero tengo que ser fuerte, porque el dolor de los mapuches lo estoy sufriendo ahora yo, en carne propia. LND

El Calvario de Elena Varela

Por Ernesto Carmona. Mapocho Express

La cinematografista Elena Marisol Varela López, 42 años, ignoraba que la “inteligencia” chilena seguía sus pasos y la fotografiaba cada vez que entrevistaba personajes para su documental Newen Mapuche (“Energía del universo mapuche” en lengua mapudungun), en particular cuando conversaba con un joven dirigente indígena prófugo de la Justicia.
Cree que fue sindicada como cabecilla de una “organización terrorista” bastante compleja y rebuscada, según la descripción de sus acusadores, simplemente por su capacidad intelectual y su simpatía por la reivindicación de tierras de la etnia mapuche. Permanece en prisión preventiva, sin derecho a libertad bajo fianza mientras sigue “la investigación”, más o menos como los cautivos de Guantánamo. Los acusadores deberían comprobar los cargos en 6 meses, pero la Justicia suele prorrogar a discreción estos plazos. La incriminación de Varela López en dos asesinatos, el asalto a una agencia del Banco del Estado y a una sucursal del Instituto de Normalización Previsional (INP), tiene toda la apariencia de un montaje de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fabricado durante tres años en una llamada “Operación Paciencia”, probablemente en connivencia con la Fiscalía de la zona indígena, en la Octava Región de la Araucanía.
La prisión “preventiva” dictada por la jueza Andrea Urbina -”para que la Fiscalía investigue”- ocurre bajo el “estado de derecho” de un país con un gobierno “socialista”, donde están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario de gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritaría una autorización del Congreso Nacional.
¿”Gobierno ciudadano” o “gobierno represivo”?
“No participé en ningún crimen, soy inocente de los cargos; no he asaltado bancos ni matado gente; sólo soy una mujer de izquierda con cierta capacidad intelectual para hacer documentales de memoria histórica y de derechos humanos”, declaró la realizadora Varela López, cuando la directiva del Colegio de Periodistas de Chile la visitó el sábado 7 de mayo 2008 en el Complejo Penitenciario de Rancagua, la nueva cárcel privatizada.
“No tienen nada que me vincule… Ha sido terrible, pero estoy bien; no he tenido participación en ninguna cosa; es insensato”, dijo. “Las otras dos mujeres tampoco: es un montaje al estilo de antes, de los tiempos de dictadura, con medidas ilícitas para la democracia y vigilancia de inteligencia para justificar una supuesta red de insurgencia”, añadió la autora de documentales. Un periodista no tiene por qué creerle de buenas a primeras a una inculpada, aunque ésta sea documentalista, en cierto modo una profesión afín. Su tarea es informar, en lo posible desde todos los ángulos; no juzgar -como ya lo hizo con Varela la mayoría de la prensa chilena- y tampoco servir de caja de resonancia de terceros, incluyendo a la policía, los servicios secretos del Estado y el controvertido ministerio Público de la zona mapuche ocupada hace varios años por fuerzas militarizadas de Carabineros de Chile sin que se haya producido ningún debate público sobre la deuda histórica de tierras indígenas y esta virtual situación de guerra sucia interna, demasiado parecida a la ocupación de Palestina. Pero después de una larga conversación con esta mujer izquierdista, su versión resulta plausible y mucho más convincente que la acusación tan ligeramente santificada como verdad absoluta por la prensa y la televisión chilenas. Los medios locales suelen juzgar por su cuenta mucho antes que la Justicia dicte sentencias definitivas, pero cuando éstas aparecen los casos yacen sepultados en el olvido más recóndito. Las víctimas de este “terrorismo mediático” muchas veces se calan años de cárcel sin que se repare su honorabilidad gratuitamente destruida por los medios y ciertos periodistas. La gran prensa jamás pide disculpas. Tampoco le gusta que la critiquen.
¿Qué es la ANI?
La ANI en una entidad secreta de “inteligencia” creada recientemente a imagen y semejanza del FBI/CIA para la lucha interna contra “el terrorismo”, en estos tiempos “democráticos”, que no impiden al Estado Chile librar su guerra semisecreta contra la etnia mapuche bajo el disfraz mediático de la lucha “antiterrorista”. La legislación que ampara los procedimientos arbitrarios contra los “delitos mapuche” es la Ley Antiterrorista Nº 18.314, dictada el 17 de mayo de 1984 por el “poder legislativo” de la dictadura de Augusto Pinochet, a fin de determinar -y combatir- “las conductas terroristas” de sus adversarios. Puede ser una coincidencia fortuita que esos “adversarios” de ayer sean hoy son más o menos las mismas personas que gobiernan al país.
Dictada en una pequeña habitación de La Moneda por dos o tres “legisladores” designados a dedo por el dictador, la normativa “antiterrorista” ha sido modificada -y por consiguiente, legitimada “en democracia”, al igual que la Constitución de Pinochet de 1980. Ha sido una ley prácticamente “premonitoria” porque se parece demasiado a la “Patriot Act” y demás normas autoritarias establecidas por George Bush II después de los atentados del 11 de septiembre 2001.
El grupo “terrorista” Elena Varela enfrenta acusaciones bastante pesadas. La primera, ampliamente difundida por la prensa, es que lidera una célula terrorista mirista, o sea, del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. El fiscal de Rancagua, Servando Joaquín Pérez Ojeda, la acusó formalmente el 8 de mayo -fue arrestada el día anterior- de conformar, con otros imputados [en ésta y en las sucesivas citas se incluyen las incoherencias de lenguaje, faltas de ortografía y sintaxis del texto original] “una organización cuyo objetivo es cometer robos con intimidación en lugar en que se encuentren grandes sumas de dineros en efectivo como Bancos, Agencias de INP o camiones de valores, dinero que es destinado al beneficio propio y a la mantención de lo que ellos llaman un trabajo político como la colocación de bombas y la ayuda a chilenos detenidos en el extranjero como el señor Hernández Norambuena”. Se trata de “asociación ilícita para delinquir”, según la Ley Antiterrorista.
Hay ciertas incoherencias. Por ejemplo, “el señor [Mauricio] Hernández Norambuena”, 50 años, pertenece -o pertenecía- al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, distinto al MIR y más cercano al Partido Comunista. Se escapó espectacularmente en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad de Santiago el 30 de diciembre de 1996, junto a otros tres presos, y actualmente cumple en Brasil una condena a 30 años por el secuestro del empresario Washington Olivetto. El segundo delito imputado a Varela fue un intento de robo con homicidio, donde hubo cuatro muertos, dos asaltantes y dos guardias, sin que el hurto llegara a consumarse: “Los cuatro imputados nombrados [Kenny Sánchez, Elena Varela, Sergio Reyes y Leticia Cárdenas], más entre otros el prófugo Juan Moreno Venegas y los fallecidos Alfredo Hermosilla y Carlos Aedo, se concertaron para atacar una plaza de pagos del INP, ubicado en la Comuna de Machalí, el 10 de junio del año 2005 se desarrollaba en dicho lugar un pago de pensionados, afiliados a la Institución Provisional mencionada en un Recinto Municipal”. La formalización del Fiscal añade: “Custodiaba el lugar un guardia de Prosegur Jaime Labraña Horta y también se encontraba en el lugar un particular Evaristo Moreno Carrasco, irrumpió en dicho recinto un grupo armado con la finalidad de apropiarse de los $80.000.000 [160.000 dólares], en efectivo que ahí se encontraban, dispararon al guardia y también a Moreno Carrasco que intentó auxiliar al primero y ambos estas víctimas fallecieron a consecuencia de los disparos. El guardia, esto es Labraña, alcanzó a repeler el ataque y disparar a los asaltantes, falleciendo en el lugar el delincuente Alfredo Hermosilla Candia y siendo encontrado fallecido en Peñaflor, Carlos Aedo Videla, otro asaltante abandonado en la vía pública por sus compañeros”. Machalí se encuentre a 100 km al norte de Santiago, cerca de Rancagua. Pero Varela bien pudo soportar la incomodidad de un viaje de 900 km con tal de delinquir, porque tiene domicilio en Los Laureles N° 31, Lican Ray, Villarrica, 800 km al sur de Santiago. Trabajaba como encargada de cultura en Pucón, a 25 km de su residencia, o sea, era empleada pública, funcionaria del ministerio de Cultura.
Un tercer delito fue el asalto a una oficina del BancoEstado, donde ayudó a llevarse 20 millones, unos 40.000 dólares. “El día 20 de diciembre de 2004 -reza la formalización de cargos-, a eso de las 09:00 horas, las personas ya indicadas [Kenny Sánchez, Elena Varela, Sergio Reyes y Jorge Pineda] junto a otros individuos entre ellos Cristian San Martín Morales y Carlos Aedo, llegaron hasta la localidad de Loncoche en la Región de la Araucanía, irrumpieron en el Banco del Estado de esa localidad e intimidaron a los empleados y al público que se encontraba en el lugar, los intimidaron con armas de fuego y a un guardia le dispararon e hirieron, causándole heridas menos graves y de esta forma consiguieron apropiarse de $20.000.000, que era parte del dinero que mantenía la Institución Bancaria, Pineda ingresó armado al lugar, Sánchez y Reyes se mantuvieron en las inmediaciones, en los vehículos para la huida. La cuarta imputada mencionada por este delito la Sra. Varela participó en la planificación del delito y en el ocultamiento de los autores materiales”. El Fiscal Pérez Ojeda, quien aspira a la jefatura de la Fiscalía en la VI Región de O’Higgins -Rancagua-, dejó constancia de otro delito que afecta a Flor Domínguez, ex encargada de Cultura en Ercilla, 600 km al sur de Santiago, en plena zona mapuche. Domínguez es la única persona entre los inculpados a quien Varela dice haber conocido en seminarios y reuniones regionales del sector Cultura y de la burocracia del Estado en la zona.
“El Fiscal -añade la acusación- hace presente que existe un cuarto delito por el cual ya se ha comunicado la investigación respecto del Señor Kenny Sánchez y la Sra. Flor Domínguez, se investiga también su participación en el delito de Tenencia de armas de fuego, dos armas cortas que fueron las precisamente ubicadas el día de ayer 07 de mayo de 2008, en el domicilio que ellos comparten en Ercilla y lo que justifica la existencia de este cuarto delito es precisamente el haber hallado estas armas en el domicilio que tienen a su cargo”.
¿Quién es Elena Varela?
Los antecedentes de Elena Varela se relacionan más con el arte y la cultura que con “terrorismo”, “mirismo” o “frentismo”. Se describe como una mujer de ideas de izquierda y como muchos otros ciudadanos de este país observa con preocupación la inexistencia de una política seria del Estado Chile -y de la gran prensa- frente a las demandas de la etnia mapuche, a pesar de los continuos reclamos de organizaciones locales y extranjeras de derechos humanos, entre ellos el Consejo de DDHH de Naciones Unidas. Según el censo de 2002, el 4,6% de los habitantes de Chile pertenece a etnias y el 87,4% de esa población indígena es mapuche. El 33% vive en la Novena Región de la Araucanía, en tanto el 30,3 reside en Santiago. Es decir, se trata de unas 200.000 personas que viven en la Araucanía, donde 10 años antes residía el 52% de los mapuches, según lel censo de 1992. La estrategia de todos los gobiernos pareciera consistir en ganar tiempo hasta que los mapuches se extingan por completo para seguir aprovechando sus tierras hasta la eternidad. Varela Escribe, produce y dirige documentales, es compositora y gestora cultural, encabeza la Productora Ojo Films, fue fundadora de la Escuela de Todas las Artes y de la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli, en la llamada Araucanía. Después del asesinato del mapuche Alex Lemus, de 17 años, herido de muerte por Carabineros en la represión de una manifestación por tierras el 7 de noviembre de 2002, la realizadora comenzó investigar los orígenes del conflicto del pueblo mapuche con el Estado, como lo han hecho otros cinematografistas, intelectuales e historiadores. Así concibió la idea del documental Newen Mapuche, 90 minutos, terminado en 2007, con apoyo financiero parcial otorgado en 2005 por el Fondo Audiovisual de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Varela trabajó con un equipo integrado por Joel Zúñiga, asistente de dirección; Flor Rubina, productora ejecutiva; Eduardo Ramírez, productor; Mauricio Durán, asistente de producción y producción periodística; Inti Briones, director de fotografía; Boris Herrera, sonido; Javier Guiñes Gaona, música original; y Paula Talloni, montaje. Varias de estas personas fueron detenidas, como asimismo algunos entrevistados por la documentalista. Newen Mapuche también fue uno de los diez proyectos seleccionados para el festival DocSantiago 2007, un evento del Santiago III Festival Internacional de Cine, SANFIC3, por estimarse que indaga en las causas y efectos del actual conflicto entre las comunidades indígenas y las empresas forestales. DocSantiago 2007 fue un encuentro de productores y realizadores interesados en obtener financiamiento de la televisión para sus proyectos.
Despojo policíaco
En sus indagaciones, Varela entrevistó varias veces a un dirigente clandestino que le dio claves e información para comprender el conflicto, en particular el crecimiento del sector forestal que durante los últimos 30 años ha ganado decenas de miles de millones de dólares exportando celulosa extraída del bosque del territorio indígena. El entrevistado explicó las razones que consideró su organización, presuntamente la Coordinadora Arauco-Malleco, para adoptar una política radical en su lucha por las tierras, en sintonía con la cosmovisión mapuche. También influyó la desilusión ante el fracaso de la Ley 19.253 de “apoyo indígena en Chile”, un paño de agua tibia promulgado en 1993 por el gobierno de Patricio Aylwin. El documental la hizo viajar por la zona en conflicto, visitó comunidades mapuche, registró relatos de atropellos y conoció de cerca la reivindicación de las tierras ancestrales arrebatadas a los indígenas en un proceso de 500 años que todavía continúa.
Junto con arrestarla, la policía le incautó sus pertenencias, objetos de arte y muchísimo material de trabajo, por ejemplo las cintas de “Sueños del Comandante”, otro proyecto documental cuya investigación y guión fue financiada con un Fondo CORFO 2006. Estas cintas contienen testimonios de familiares de las víctimas y sobrevivientes de las matanzas de la dictadura en Liquiñe, Panguipulli, en 1973, e imágenes de la represión posterior al episodio de la “guerrilla de Neltume”, de la década de 1980. Varela dijo que “relata la historia del Complejo Maderero Panguipulli, el Movimiento Obrero Campesino, la Caravana de la Muerte y la guerrilla del MIR en los ‘80″, episodio conocido como la guerrilla de Neltume, en el sur de Chile.
“Todo esto, todo este trabajo, todas las cintas con entrevistados, ha sufrido la misma experiencia, han sido requisados por la Policía de Investigaciones”, dijo. “Ha sido requisado todo tipo de material audiovisual, grabaciones, entrevistas, material de artes, como, banderas de épocas, lienzos, afiches y otros”, explicó Varela. “Así también material escrito, guión, diarios y libros, entrevistas a ex militantes, mapuches y otros como presos y dirigentes”.
En una dramática carta que dirigió al Consejo de la Cultura y las Artes y al Fondo Audivisual, Varela clamó porque le devuelvan sus cosas: “Junto con esto, el resguardo de material fílmico, la devolución de todas las cintas, celuloides, equipos de filmación y sonido requisado, los materiales de artes que han sido mal utilizados para desprestigiar este hermoso proyecto y mi labor como documentalista, como armas de juguetes, disfraces, banderas, lienzos, platería mapuche, megáfonos, celulares, cámaras fotográficas, fotos, escritos, guiones e investigación escrita, información de currículum, facturas de la empresa, comprobantes de compra de nuestros materiales y otros gastos, los que han sido requisados y que involucran este proyecto”.
Elena piensa que la ANI comenzó a seguirle los pasos con la “Operación Paciencia” cuando supo que había entrevistado al joven mapuche clandestino, porque al interrogarla y maltratarla le mostraron “pruebas” o fotografías donde aparece con personas con quienes efectivamente conversó, pero también le exhibieron fotos trucadas, o “photoshopeadas”, en que su rostro figura entre los miembros de la plana mayor de la Coordinadora. Varela se encuentra encerrada en una celda aislada, sin calefacción, bajo temperaturas inferiores al grado cero, sin luz, sin comunicación con el exterior, sin derecho a leer o ver las noticias.
En la recepción del penal existe una instrucción para el personal de Gendarmería que logramos leer cuando ingresamos: “No dar absolutamente ninguna información sobre los siguientes presos”, rezaba más o menos el texto. Entre los nombres figuraba el de Varela. -¿Por qué piensas que te acusaron precisamente a tí?-, le pregunté. Se quedó pensando un instante. Después de muchas dificultades, porque la autorización primero no había llegado y después apareció una para el día siguiente, logramos conversar con ella en una salita, tras pasar rejas, censores electrónicos, cacheo y otros controles, todo esto sin maletines, celulares, grabadores ni cámaras. La visitamos Luis Conejeros, presidente nacional del Colegio de Periodistas; Tebni Enrique Pino, secretario general, y el autor de esta nota, consejero nacional. Afuera había un sol radiante, pero adentro hacía frío y se sentía la humedad típica de una edificación relativamente nueva. Elena estaba abrigada con un suéter de lana. -Creo que me eligieron porque piensan que soy la única persona que tiene capacidad intelectual y organizativa como para liderar un grupo, dado mis antecedentes de documentalista y fundadora de entidades culturales-, respondió. Secreto profesional Varela relató que hay “gente que está dentro de la película que ya está presa”.
El secreto profesional o a la confidencialidad de las fuentes protege a los periodistas pero no a los documentalistas. Luis Conejeros, presidente del Colegio de Periodistas, explicó que los periodistas están protegidos por el secreto profesional, por ejemplo al entrevistar a un prófugo de la justicia, pero en el caso de los documentalistas existe un vacío legal debido a la antigüedad de la ley y a que el género documental es relativamente nuevo”. Los periodistas también temen que los archivos de Varela sean utilizados maliciosamente por Investigaciones y por la ANI. Un comunicado del Colegio manifestó “temor de que los organismos policiales utilicen los archivos de la cinematografista para involucrar a otras personas en delitos reales o imaginarios, principalmente porque Elena Varela ha realizado numerosos documentales y entrevistas durante la vigencia de la democracia en Chile”.
Conejeros añadió que “cualquier persona que haya dado una entrevista corre el riesgo de ser involucrado por el sólo hecho de haber depositado su confianza en el entrevistador”. Juan Carlos Gedda, Presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Audiovisual y Cine de la Araucanía, dijo que “se violó el derecho a la confidencialidad de las fuentes, tema que en el caso del trabajo periodístico se encuentra debidamente resguardado y que pone en riesgo, en este caso particular, a las personas que han entregado confiadas su testimonio y que dan cuenta de la oposición a un modelo económico y forestal que atenta contra la continuidad y sustentabilidad de su ecosistema y de su cultura, junto a los espacios vitales que ellos ocupan”. Añadió que “el trabajo que por descripción hacen de él sus realizadores, denuncia la violencia que se ejerce contra las comunidades mapuche que luchan por esta causa”.
En medio de tanta aberrante violación de derechos resulta curioso que el 21 de mayo 176 países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas eligieran a Chile como … miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH), junto con Brasil y Argentina, por tres años, a partir del 20 de junio.

Cruzada por Cineasta Detenida

por Daniela Estrada

La Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación, nacida para apoyar a Varela, pide un juicio justo y el respeto de la presunción de inocencia, así como la devolución de todos los materiales incautados y la prohibición de usarlos en la investigación judicial, indicó a IPS Francisco Gedda, uno de los portavoces de la entidad. 

El documentalista y académico de la Universidad de Chile fue una de las decenas de personas, entre periodistas, cineastas, académicos e intelectuales, que se apostaron con pancartas, lienzos y las bocas tapadas en señal de censura a las puertas del céntrico Palacio de Tribunales. 

Varela fue arrestada el 7 de mayo en su domicilio en la comuna de Villarica, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago, bajo los cargos de “asociación ilícita para delinquir”, y trasladada al Complejo Penitenciario de Rancagua, región de O’Higgins, 85 kilómetros al sur de la capital. 

La cineasta, música y gestora cultural es reconocida dentro del mundo artístico por su trabajo con jóvenes y niños y su opción por rescatar la lucha de los movimientos sociales. Es fundadora de la Escuela de Todas Las Artes, la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli y la productora de cine Ojo Film. 

Cuando la detuvieron, le incautaron una gran cantidad de pertenencias, como cintas de vídeo, cámaras, equipos de sonido, teléfonos celulares, además de las filmaciones de su proyecto documental “Newen Mapu Che” (Fuerza de la Gente de la Tierra), que aborda en terreno las reivindicaciones del pueblo mapuche, la principal etnia del país. 

A Varela y a otras cuatro personas se les imputa haber participado en dos asaltos, uno de ellos con víctimas fatales, como parte de una célula del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo insurgente creado en 1965, y casi arrasado por la represión de la dictadura militar (1973-1990). Hay actualmente intentos de revivirlo como organización política. 

El primer robo fue cometido en 2004 contra una sucursal bancaria en la comuna de Loncoche, en la Araucanía, mientras el segundo, en 2005, se perpetró en la oficina de un servicio público en Machalí, O’Higgins. 

Según el fiscal Servando Pérez, la célula del MIR a la que supuestamente pertenecería Varela perpetró los robos para reactivar el movimiento con los fondos recaudados, explicó a IPS el abogado Julio Barría, quien defendió a la cineasta hasta el 6 de este mes y actualmente lleva el caso de otra de las procesadas, Flor Domínguez. 

Varela es acusada de ser la autora intelectual de los asaltos y de ocultar a los autores materiales. Ella se declara inocente, al igual que los otros imputados. Los cinco se encuentran en prisión preventiva y el fiscal fijó en seis meses, a partir de la fecha de detención, la celebración del juicio oral. 

Según Barría, la cineasta fue involucrada porque en 2007 realizó el documental “Sueños de Comandante” sobre jóvenes revolucionarios de los años 80 en la localidad de Neltume, donde entrevistó a algunos miembros del MIR. Pero “su relación con ellos es meramente tangencial”, aseguró su ex defensor. 

La fiscalía cree, además, que Varela fue pareja de uno de los autores de los robos, que tendría como apodo el nombre de Gabriel. La acusada ha señalado desde la cárcel que ella convivió con un orfebre llamado de ese modo, que falleció en 2006, pero que no era mirista. “Es todo una confusión”, dice Barría. 

Uno de los aspectos más cuestionados de este caso fue la incautación de las grabaciones del documental “Newen Mapu Che”, que nada tiene que ver con la investigación y que inclusive recibió financiamiento estatal. 

El filme, aún no terminado, trata sobre las reivindicaciones históricas de esta etnia, que a fines del siglo XIX sufrió la usurpación de gran parte de su territorio a manos del Estado, y que terminó en manos de privados. 

Desde el retorno a la democracia en 1990, algunas comunidades comenzaron a reclamar con fuerza derechos territoriales, políticos y culturales, rebelándose contra la política asistencialista de los gobiernos de la centroizquierdista Concertación y la invasión de empresas forestales y obras de infraestructura en su entorno. 

Ante la multiplicación de juicios y la invocación de la ley antiterrorista contra comuneros mapuches, acusados de ocupación de tierras, robo de animales, incendio y ataque a la propiedad privada, varios observadores han planteado que los gobiernos de la Concertación han “criminalizado la protesta mapuche”. 

Los miembros de la Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación creen que hay un oscuro vínculo entre la detención de Varela y su trabajo con los mapuches. 

Uno de los puntos del manifiesto lanzado por la Plataforma es la exigencia de que los documentales “Sueños de Comandante” y “Newen Mapu Che” no sean utilizados como elementos de investigación policial o pruebas jurídicas en contra de aquellos que deben ser resguardados por el derecho al secreto de las fuentes. 

Por este caso se han pronunciado varias organizaciones chilenas y extranjeras, como la Asociación de Documentalistas y el Colegio de Periodistas de Chile, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras (RSF), así como cineastas de Argentina y Ecuador. 

“Amnistía Internacional Chile fue proactiva en iniciar una acción urgente a favor de Elena Varela, que es un llamado a cientos de miles de activistas alrededor del mundo para que intercedan por el caso”, dijo a IPS Sergio Laurenti, director ejecutivo de esa organización, quien participó en la protesta de este martes. 

En un comunicado público, Amnistía dice temer que “Newen Mapu Che” “pueda ser usado por las fuerzas de seguridad para intimidar y hostigar a activistas mapuches y a otras personas que han participado en entrevistas grabadas para el documental”. 

El 6 de este mes, la organización internacional RSF dio a conocer en París una carta abierta a la presidenta Michelle Bachelet en la que expone su preocupación por el caso, aunque aclara que “no le corresponde influir en el curso del procedimiento”. 

“¿Hasta qué punto es necesaria la retención de dicho material (el filme sobre el pueblo mapuche) en una investigación que se refiere a unos hechos que no tienen ninguna relación con la actividad de cineasta de la acusada?”, se pregunta RSF. 

La misiva señala que “el sensible asunto de la situación de los mapuches expone a riesgos a los periodistas o documentalistas que quieren trabajar sobre ellos”, recordando que en los últimos meses cuatro periodistas extranjeros, dos franceses y dos italianos, fueron arrestados mientras reporteaban en territorio mapuche. 

“Estamos preparando un recurso de protección (a favor de Varela) y vamos a seguir impulsando desde adentro y desde afuera de Chile algo que nos parece un derecho esencial: si los periodistas y documentalistas no gozan del secreto profesional y la protección de fuentes, se está matando el documental y no será posible tener libertad de expresión y creación”, indicó Gedda a IPS. 

La ley de prensa no garantiza el secreto profesional a los documentalistas debido a que este género no tenía gran presencia en el país cuando se legisló. 

Allegados a Varela informaron a IPS que se solicitó al ex juez Juan Guzmán, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central, que asuma la defensa de la cineasta, lo que podría materializarse en los próximos días.

20 de mayo de  2008

El honor perdido de Elena Varela,

por Pablo Azócar

El caso de la detención de la cineasta es paradigmático. En el próspero y arrogante Chile sólo se quieren recordar los presuntos orígenes vascos o franceses: el tema mapuche sencillamente no existe, se niega, es invisible. Por Pablo Azócar.

No la conozco, nunca había oído hablar de ella, he tenido que hacer esfuerzos para adivinar cómo es su cara en la única borrosa foto que apareció en la prensa, pero es difícil no pensar hoy en Elena Varela, cineasta, productora y guionista, compositora y gestora cultural, directora de Ojo Film, fundadora de la Escuela de Todas las Artes y de la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli. En este momento ella está encerrada en una celda helada y sin luz, sin comunicación con el exterior, sin derecho a leer o ver las noticias. Ha sido interrogada con virulencia. Amigos, colaboradores y familiares fueron amenazados. Su productora fue destrozada en un allanamiento.

Los cargos contra ella son graves: entre otras cosas, se la acusa de ser financista y autora intelectual de dos asaltos –uno de ellos con víctimas fatales- como parte de una célula mirista. La jueza Andrea Urbina decretó increíblemente que ella debe estar en “prisión preventiva” durante seis meses. “Para que la fiscalía investigue”, dijo. Todavía no es posible saber de la seriedad o sustento de las acusaciones, pero sí se sabe ya que el escarnio fue brutal. La Policía de Investigaciones requisó todo el material fílmico que ella había acumulado durante cuatro años de trabajo como parte del documental Newen Mapuche.

Lo primero que asombra es el comportamiento de la prensa y la televisión: sin que medie juicio o sentencia alguna, Varela ya fue condenada. En la prensa chilena el caso ha sido confinado a escuetas notas en las páginas policiales. Nadie ha investigado el caso, nadie ha averiguado sobre la cineasta, nadie ha preguntado quién es ni qué estaba haciendo realmente allí. Se han limitado a lapidarla. No es forzado el paralelo con la novela del Premio Nobel alemán Heinrich Böll, El honor perdido de Katharina Blum, que relata un caso real: cómo la prensa hizo pedazos la vida privada de una mujer.

En las páginas culturales el tema de Elena Varela no ha sido tratado ni por asomo. Los periodistas se limitaron a inquirir a las autoridades cómo es posible que se le haya otorgado financiamiento del Fondart a una terrorista. El reportero que cubrió el caso para Televisión Nacional acusó a la cineasta, textualmente, del crimen de “vinculación con la etnia mapuche”. El estereofónico ministro Vidal y la propia Presidenta Bachelet avalaron implícitamente esta sentencia a priori cuando esbozaron disculpas por el asunto del Fondart.

Si los propios periodistas reivindican su derecho a proteger sus fuentes (algo que ya no se discute en los países más desarrollados del mundo), ¿por qué nadie pregunta sobre el derecho de Varela a proteger a sus entrevistados? ¿Por qué ni siquiera ha dicho una sola palabra el Colegio de Periodistas sobre el asunto? ¿Qué está pasando con el llamado mundo cultural? ¿No es este, acaso, un tema que involucra o debiera preocupar a la cultura en su totalidad, sino a toda la sociedad? ¿Por qué ni uno solo de los actores de cine o “rostros” de teleseries, que tanto hablan en la prensa y a quienes el tema vaya si les concierne, ha dicho ni mu? ¿No es impresionante que en un caso de esta naturaleza la única fuente, para los periodistas de los principales medios de comunicación del país, sea en definitiva el Ministerio del Interior?

 El caso de Elena Varela es paradigmático. Habla de una sociedad ensimismada, egótica, adolescente, presa del individualismo, el consumo y el sálvese quién pueda. Todos miran hacia otro lado. Hace tres años un estudio científico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile –encabezado por el doctor Francisco Rothhammer- planteó que los chilenos tenemos un promedio de 84% de ascendencia originaria indígena, y que esto incluye a los estratos económicos más altos, aunque no les guste, pero en el próspero y arrogante Chile sólo se quieren recordar los presuntos orígenes vascos o franceses o alemanes y el tema mapuche sencillamente no existe. Se niega. Es invisible.

 De esa invisibilidad está siendo víctima Elena Varela. Durante cuatro años recorrió la Araucanía hablando con lonkos y recogiendo testimonios mapuches y, en el contexto de un conflicto feroz del que nadie habla, acabó enfrentada a un sector productivo muy poderoso: el forestal. Y así no más le fue. Como así les fue este 17 de marzo a dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Paul Rossj, que también tuvieron la mala idea de meter sus narices en el conflicto mapuche y filmaron un incendio. Fueron detenidos, vejados y maltratados en Collipulli. “Nos trataron como a delincuentes, nos acusaron de provocar el fuego y de pertenecer a la ETA”, declaró Harrison, todavía en estado de shock. El cónsul francés logró que quedaran en libertad, pero al día siguiente un grupo de civiles –una docena de individuos armados con linchacos y cuchillos- atacó a los dos periodistas en la calle: la paliza fue tremenda. Huyeron del país.

 Y hace sólo dos de semanas, el 3 de mayo, el guión se repitió con dos documentalistas italianos, Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, que estaban filmando una movilización mapuche en un predio de la Forestal Mininco cuando fueron detenidos. “Nos trataron como terroristas, con la cara al suelo y las esposas apretadas. Nos acusaron de estar robando madera en el predio”. Al día siguiente la intendenta de la Araucanía, Gloria Barrientos, incurrió en una barbaridad jurídica y ética: expulsó sin más a los italianos del territorio.

 Los documentalistas chilenos sacaron la voz este fin de semana, alarmados por la suerte de Elena Varela y por la requisición de sus filmaciones. Ignacio Agüero, Francisco Gedda, Viviana Erpel y Martín Rodríguez convocaron a una conferencia de prensa en la que estuvieron varios de los principales cineastas del país, como Silvio Caiozzi, Andrés Wood, Pablo Perelman, Andrés Racz y Alicia Scherson, pero de los medios de comunicación apenas llegaron dos: una radio y un periódico de provincia. El contraste con la multitudinaria convocatoria de cámaras y micrófonos que tuvo la fiscalía cuando presentó el caso ante los reporteros policiales como un tema estrictamente criminal, nos sugiere que algo está oliendo terriblemente mal en el reino de Chile.

¿MEJOR NO HABLAR… DE CIERTAS COSAS?

(o el verdadero delito de Elena Varela)

por Dauno Tótoro

Hace cuatro años, nuestro equipo de documentalistas de Ceibo Producciones estrenó el documental “Üxüf Xipay, El Despojo”, acerca del proceso de resistencia y recuperación territorial de las comunidades mapuche de la VIII y IX regiones de Chile. En él, los propios hablantes de las comunidades agredidas por las empresas forestales, los grandes terratenientes y las fuerzas policiales, denunciaron las redes ilegales de represión organizadas en la zona. Por entonces, aquellas redes (y particularmente el autodenominado Comando Hernán Trizano, que opera bajo el mando de conocidos agricultores con vínculos directos con Carabineros y Fuerzas Armadas estacionadas en el sur de nuestro país) buscaban desarticular la organización y coordinación de las comunidades, perseguir y atormentar a sus dirigentes y werkenes, elevar falsos cargos y falsos testimonios en juicios espurios (con testigos sin rostro) para encarcelar a lonkos, machis y activistas. 

Aparentemente, hoy los trizanos han ampliado sus mecanismos de acción, aumentado su vínculo directo con los gobiernos locales, y han abierto el abanico de sus enemigos naturales, incorporando a quienes pretendan dar voz a los sin voz, a quienes busquen difundir la turbia maquinación de las empresas forestales.

 Como documentalistas que hemos abordado el tema, entendemos que Elena Varela ha caído en aquella trampa. El verdadero delito de esta cineasta ha sido hablar de ciertas cosas de las que ellos prefieren no se sepa nada. Lamentablemente para Elena, a nadie parece importarle un carajo (o a muy pocos). Ella vive en carne propia hoy lo que las comunidades vienen sufriendo por siglos, condenados al silencio y a la humillación.

 Nos resulta tan comprensible como repugnante que quieran silenciar la verdad. Pero debemos insistir. Luego de “El Despojo”, iniciamos un largo recorrido de registro y búsqueda de testimonios para la realización de nuestro nuevo documental, titulado “Nvtram: la palabra y el bosque”, profundizando en el tema del conflicto que remece al Wallmapu.

 En este nuevo documental, una de nuestra primeras entrevistadas fue la señora Rosa, en una comunidad cercana a Ercilla, y de quien no daremos mayores antecedentes, pues visto está que la prensa nacional actúa con repugnantes criterios de colaboracionismo policial. Madre de dos niños pequeños, vive sola desde que hace cuatro años su marido debió clandestinizarse para evitar ser encarcelado.

 “Para que nosotros no sigamos reclamando”, nos dijo la señora Rosa, “a nuestros maridos los andan persiguiendo y los están tratando de terroristas y los condenan por tantos años, sin haber una prueba concreta, por pura mentira. Eso es lo que a mí me duele mucho. Yo estoy enferma junto a mis hijos. Mi niñita está en el colegio, ni siquiera se concentran en las tareas que le dan, porque siempre tiene ese trauma de los pacos que llegaron, como dos veces me allanaron la casa. Llegaron una cantidad de pacos buscando por ahí, interrogándola a ella. Mi niñita tenía recién tres años, y los pacos le estaban diciendo ‘qué hizo tu papá’, ‘qué tienen aquí’, ‘adónde tienen las armas’, le estaban diciendo a mi niñita… y de los tres años ella está sufriendo. Ahora, cada vez está sufriendo más. Ni siquiera puede estudiar en el colegio, y así, ¿cuándo va a aprender? Porque ella está pendiente de otra cosa. Dice que no se puede olvidar”.

 A menos de cien metros de su casa, al terminar la entrevista, fuimos interceptados por dos camionetas nuevas, sin patentes, con carabineros uniformados y agentes de civil que no se identificaron. Exigieron saber, en medio del camino público, con quiénes habíamos hablado, a quiénes habíamos entrevistado, si teníamos contacto con los “terroristas mapuche”. Quisieron confiscar nuestro material de cámara, pero a diferencia de Elena Varela, habíamos adoptado medidas precautorias, registrándonos como corresponsales extranjeros residentes, con autorización del Ministerio del Interior. A partir de entonces, entendimos que el material de cámara, durante el resto del registro, debía viajar lejos de nosotros y quedar a buen resguardo. Durante todo el resto del proceso de registro se repitió la misma escena, una y otra vez.

 Una vez que El Despojo fue difundido, dejamos en evidencia algunas de las redes ilegales que se han armado para presionar  a las comunidades y perseguir a sus dirigentes. Específicamente la participación de personajes tales como el agricultor Jorge Luchsinger y otros en el Comando Hernán Trizano. Me puedo imaginar que estos señores quedaron bastante molestos con “el engaño” al que les sometimos, haciéndoles hablar en cámara y expresando todo su desprecio por el pueblo Mapuche. Me puedo imaginar que se hayan propuesto “nunca más pisar el palito” y evitar que nuevos documentales de esta naturaleza fueran realizados.

 ¿Qué quieren esconder? ¿De qué no quieren que se sepa? De sí mismos, de lo que son.

 No hay que hacer mucho esfuerzo para recordar, por ejemplo, que Matías Catrileo Quezada murió a los 23 años de edad baleado en la espalda por un suboficial de Carabineros de Chile a quien se le había ordenado defender la propiedad y bienes del agricultor Jorge Luchsinger, de origen suizo. Un mes antes de su muerte, Matías había participado en actos in memoriam de uno de sus compañeros de causa, Alex Lemún, asesinado por otro Carabinero, cuatro años atrás. El suboficial que terminó con la vida de Matías (y que se encuentra libre y ha recibido el respaldo y congratulaciones de su institución y del Gobierno de Chile), hizo uso, en esta acción con respaldo judicial, político e institucional, de un arma de guerra, calibre 9 milímetros. Matías, junto a un a veintena de jóvenes Mapuche desarmados, simpatizantes o integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, había ingresado al fundo Las Margaritas pues consideraba que aquellas tierras, ahora cercadas y rodeadas por una fosa, pertenecían históricamente a su pueblo y no a Jorge Luchsinger. Quemarían fardos de pasto. Pensaba que en el despojo de aquellos parajes radicaba la ya histórica marginación de su pueblo. Pensaba que aquello que hacía era la única forma de recuperar los territorios y la dignidad, concepto éste último que había aprendido de sus abuelos y abuelas. Estaba convencido que era la única manera eficaz para forzar la retirada de Luchsinger, del mismo modo que (pensaba) debía forzarse la salida del Wallmapu ancestral de tantos otros Luchsingers. Claramente, Matías no contaba con el apoyo ni con la simpatía del gobierno chileno, ni de sus tribunales. Pero eso Matías lo tenía claro. Tampoco contaba ni con la simpatía ni con el interés por su causa de parte del grueso de la población de Chile, país al que se supone Matías debía guardar respeto, fidelidad y amor filial, o atenerse a las consecuencias. De aquello también era conciente. Y las consecuencias no se hicieron esperar.

 ¿Quién es y qué piensa de todo esto Jorge Luchsinger, aquel al que el Estado de Chile ha decido defender y proteger a como dé lugar? ¿Es algo de lo que no se debe hablar, documentar?

Pues bien, es de esto que no quieren que se sepa: cómo piensan, cómo actúan. Entrevistamos al hombre cuyos fardos de alfalfa valen más que la vida de un joven, durante la realización del documental “Üxüf Xipay, El Despojo”,  en el mismo predio donde luego habría de cometerse el asesinato de Matías. Nos recibió en la casa patronal del fundo Las Margaritas. Iba cubierto por un poncho y con botas de caucho, hablando duro y golpeado.

¿Usted cree que los agricultores deben organizarse de modo privado para protegerse entre sí?

 “Yo creo que para allá va toda esta cuestión, porque lamentablemente los agricultores cometemos un delito tremendo que es trabajar, y esto de trabajar y producir es mal visto por mucha gente, porque dicen que somos ‘explotadores’, entonces esta cuestión ideológica a nosotros nos afecta tremendamente”.

Hay agricultores de la 9ª región que han manifestado su voluntad de organizarse como cuerpo gremial, como productores, para defenderse y defender la producción… ¿Ha oído hablar del Comando Hernán Trizano, una especie de cuerpo paramilitar, con apoyo de oficiales del Ejército? Hay denuncias calificadas que lo sindican a Usted como uno de sus cabecillas.

“Yo quisiera creer que el término Hernán Trizano es como hoy día se dice ‘tolerancia cero’, es lo que todos desean, que el Estado asuma la responsabilidad de la tolerancia cero, para que todos podamos vivir en paz. A mi se me involucró como organizador del Comando Hernán Trizano, junto con un señor Lichterberg de Victoria. Él también está acosado y tiene serios problemas en sus predios”.

¿Defendería su predio con las armas?

“Si tengo que hacerlo lo voy a hacer, si tengo que defenderlo lo voy a hacer. Lo único que yo espero es que no lleguemos a ese tipo de enfrentamiento porque yo no nací para guerrillero.

Se le ha escuchado hablar de injerencia extranjera en este conflicto. ¿Lo sostiene?

“Yo creo que en la región estamos ante actos terroristas y esa es instrucción foránea. Cómo hacer atentados, cómo hacer bombas, cómo fabricar armas hechizas. Yo creo que hay gente que viene a asesorarlos del extranjero, y que este es un modelo muy parecido a los Zapatistas; yo afirmo que en este conflicto está metida la gente de los países vecinos, de la ETA de España, asesorando y financiado con plata europea y canadiense. Yo creo que esto amerita algunas acciones excepcionales que la constitución permite; aquí en la 9ª región bien podría haber Estado de Sitio, con toque de queda”.

Jorge Luchsinger nos conduce hasta uno de los deslindes de su fundo y nos muestra, no sin cierto orgullo, un profundo y ancho canal que recorre parte del perímetro de su predio.

“Este es un canal que me vi obligado de construir. Era una idea a la que le venía dando vueltas desde hacía tiempo, pero me resistía porque lo encontraba una barbaridad, era como retroceder a la Edad Media, pero bueno, me dije, no me queda otra alternativa y en 20 días hicimos 4.800 metros de canal y desde entonces no he tenido nunca más un animal ajeno en el predio. Pero con esto de estar encerrado me siento como en la cárcel, con protección policial, con mi propio muro de Berlín, que es este canal… me parece que estamos igual que en la época de Alemania Oriental y Alemania Occidental, aquí lo único que falta son las torres con las metralletas, y los perros que no dejan entrar ni salir a nadie”.

Si un comunero cae en su canal… ¿Qué hace Usted… lo entrega a Carabineros?

“No, porque ya ve que la justicia no funciona”.

Los comentarios sobran…

 Elena Varela:

 ”Cuando cierran mi celda es como si me cerraran el pecho”

Por Alejandro Kirk y Pablo Azócar

3 de Junio de 2008

La cineasta está detenida desde el 7 de mayo acusada de ser autora intelectual de dos asaltos como parte de una célula mirista. Jura ser inocente, sostiene que se trata de “un montaje escandaloso”. Habla desde la cárcel. Por Alejandro Kirk y Pablo Azócar.

Es domingo, ocho de la mañana, y la Cárcel de Rancagua está rodeada de mujeres. Sucede en todas las prisiones, de mujeres o de hombres. Son las mujeres –de todas las edades, orígenes y condiciones- quienes aperran y se hacen presentes con bolsos con comida o vituallas para los reclusos.

El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua –ubicado en el sector de La Gonzalina de esta ciudad de la Sexta Región- no es una excepción. Ancianas con bolsos de supermercado, mujeres con ponchos y parkas y muchachas con frutas y queques y panes y cigarrillos sueltos hacen fila en silencio en la entrada de este moderno penal que tiene 50 módulos de hormigón armado y acero, con muros celestes y amarillos emplazados en un terreno de 48.935 metros cuadrados. En el frío dominical también hay hombres, pero son los menos.

En esta cárcel se encuentra recluida la cineasta Elena Varela, detenida el pasado 7 de mayo acusada de ser financista y autora intelectual de dos asaltos –uno de ellos con víctimas fatales- como parte de una célula mirista. “Es increíble encontrarme en esta situación”, dice esta mujer de 42 años y frondoso pelo negro, frotándose las manos por el frío, después de salir de un largo túnel, acompañada de una gendarme, y sentarse en una banca del pabellón de las visitas. “Me han pasado una máquina encima, las cosas han ido sucediendo como una ola gigante. Me requisaron los materiales de cuatro años de filmaciones y entrevistas en el terreno que hice para el documental (Newen Mapuche) sobre el conflicto Arauco-Malleco. ¿Quién protege a mis entrevistados?”.

Productora y guionista, compositora y gestora cultural, directora de Ojo Film y fundadora de la Escuela de Todas las Artes y de la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli, Varela se encontraba preparándose para salir a terreno con su equipo de filmación cuando fue detenida, en un operativo en el que participaron alrededor de cuarenta agentes policiales, varios de ellos camuflados en el lugar desde hacía varios días.

Elena Varela no sólo defiende su inocencia: asegura además estar siendo víctima de un montaje. “Lo de los asaltos y el vínculo con una célula mirista es un montaje completo. Ellos lo saben, todos los saben. Las investigaciones lo van a demostrar. Lo que están intentando es amedrentar, intimidar y asustar a todos las personas involucradas en el conflicto mapuche. Y yo estoy segura de que esto no se va a detener. Han optado por la estrategia de la mano dura, y no se van a detener”.

Cuando habla, cada tanto, a la cineasta se le humedecen los ojos. “Ahora nos enteramos de que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) nos ha seguido, espiado e investigado durante tres años. El expediente es gigante. Abarca a todo tipo de gente, productores, gestores culturales, músicos de la orquesta sinfónica de Panguipulli, muchas personas que han ido armando una plataforma o red de comunicaciones y de pensamiento en torno al tema mapuche. La represión está sucediendo por igual entre mapuches, chilenos o extranjeros que se han preocupado por el tema. Basta ver el caso de los documentalistas europeos detenidos también por estos mismos días”.

Varela se refiere a dos casos: el de los franceses Christopher Cyril Harrison y Paul Rossj, que estaban haciendo filmaciones para un documental sobre el conflicto mapuche cuando fueron detenidos en Collipulli el pasado 17 de marzo (y al día siguiente recibieron una paliza de parte de un grupo de desconocidos); y los italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, apresados este 3 de mayo en un predio de la Forestal Mininco, también en el medio de una filmación. A los primeros los acusaron de haber provocado el incendio que estaban filmando. A los segundos les atribuyeron haber robado madera. Ambos equipos, tras el incidente, abandonaron el país.

“La postura que han adoptado las autoridades es de máxima dureza, con ley antiterrorista incluida, desde que en 2002 los movimientos mapuches empezaron a cuestionar la propiedad de las tierras”, dice Varela. “En estos momentos hay una ‘judicialización’ y militarización de la Araucanía. No hay que olvidar que a Patricia Troncoso, la presa que hace poco estuvo en huelga de hambre, le dieron 10 años y un día en un proceso en el cual tomaron sus botas y con ellas marcaron pisadas dentro de un fundo para inculparla”.

Varela afirma que las armas que exhibió la policía al momento de su detención eran hechizas. “Lo que la policía mostró eran armas de fantasía, de madera, de plástico, fusiles de juguete con rayos infrarrojos que hemos usado para la recreación de escenas, como está expresamente indicado en el proyecto que presentamos ante Corfo. ¡Y en la prensa aparecieron como armas de verdad! Además mostraron unas banderas del MIR que usamos en un documental anterior. Todo esto es increíble”.

“El operativo de mi detención fue impresionante”, recuerda. “Yo había ido a comprar café para el equipo de filmación y, al volver, me metieron en un auto con vidrios polarizados. Un policía me apuntó durante todo el camino con una pistola en la cabeza. Otro agente hacía de ‘bueno’, me sonreía, me miraba comprensivamente y me iba mostrando fotos. El concepto que les montaron fue que yo había recibido instrucción militar en Colombia. También fueron detenidos el director de arte, mi editora, en fin, unas diez personas de mi equipo, cuando nos disponíamos a salir a filmar a la montaña. Incluso detuvieron a un actor que estaba representando a un mapuche, creyendo que era un líder clandestino”.

En su régimen penitenciario actual, 16 de las 24 horas del día son de encierro total, cuenta, en una celda de dos metros por tres. “Me siento completamente incomunicada. No me dejan ver la prensa ni la televisión ni leer nada, salvo una Biblia y unos folletos sobre el Sida. No me dejan entrar guateros ni frazadas. No hay estufas. Hago ejercicios dentro de la celda para el frío. El sol no entra por la ventana. A las seis de la tarde te mandan a dormir. La calidad de la comida no me afecta, lo que me afecta es estar encerrada. Ahora tengo derecho a dos visitas semanales de tres horas. Cuando se van las visitas es cuando viene el quiebre, el llanto. Cuando le ponen llaves a la puerta de mi celda es como si me pusieran una llave en el pecho”. Suspira, durante un rato permanece en silencio, mirando hacia algún punto impreciso. Le tiembla la barbilla, nuevamente a punto de quebrarse. “Voy a escribirle una carta a la Presidenta Bachelet. Quiero decirle que este montaje, esta construcción me parece infame, escandalosa. Quieren detener las reivindicaciones mapuches por todos los medios, levantar la idea de que todo el que se preocupe por el tema mapuche es un criminal. Todo esto empezó con la excusa de un asalto y acabó en una investigación policial en la que se incluye a todo el que se ha involucrado con el tema. No quieren testigos para lo que está sucediendo en la Araucanía. Todos nuestros teléfonos han estado intervenidos. Hicieron un allanamiento tras otro durante todo el año pasado. Están forzando todo tipo de vínculos, como si dieran palos de ciego y no supieran lo que hacen”.

A Elena Varela no le sale la voz cuando alguien menciona a su hija América, de 16 años, que por ahora ha quedado a resguardo de sus padres. Sacude la cabeza de lado a lado, mira el techo, luego fija nuevamente la vista en los muros de hormigón. “Los interrogatorios han sido muy duros, intensos, con muchas personas detrás mío haciendo preguntas. ¡Imagínese! Están planteando que soy tan poderosa y tan inteligente que el dinero que recibo como cineasta lo estoy utilizando para ayudar a un dirigente del MIR detenido en Brasil”.